En los últimos años se ha consolidado una línea de investigación que evidencia que en países democráticos hay regiones donde grupos políticos han conseguido adaptar las reglas institucionales, después de los procesos de apertura democrática para controlar de forma legal y/o ilegal la política de su región y limitar la participación de otros actores afectando los niveles de competitividad (Hnatiuk, 2019; Behrend y Whitehead, 2016; Gibson, 2012).